Respaldamos el Comunicado de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante moción injerencista del senado español

 

Desde la Plataforma Bolivariana de Canarias apoyamos el comunicado emitido por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante la injerencia en asuntos internos de Venezuela de la moción propuesta y aprobada en el Senado, con falsedades que buscan incentivar la violencia  e irrespetar a un estado democrático y soberano.

 

Comunicado

La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela rechaza la moción aprobada el 26/4 por la mayoría del Partido Popular en el Senado y apoyada por Ciudadanos, algunos partidos nacionalistas y el PSOE, dado su carácter injerencista, sesgado y lleno de falsedades.  Denunciamos la gravedad de una moción, desde tan alta institución como el Senado, que refiere de forma cosmética la necesidad de respaldar un diálogo en el país (al que la oposición venezolana se niega), mientras se estimula, repitiendo mentiras y manipulaciones, la impunidad
de los sectores violentos de la oposición venezolana y se promueve “la justificación” de cualquier tipo de intervención internacional en el país. España no debería ser cómplice de la violencia en Venezuela.

Tanto el presidente Nicolás Maduro como la Asamblea Nacional fueron elegidos bajo el mismo sistema electoral y con las mismas garantías de transparencia, tal como ha sido reconocido internacionalmente en múltiples ocasiones por observadores, incluso del PP.

En Venezuela no hubo ni hay un autogolpe de Estado. La Asamblea Nacional no ha sido disuelta en ningún momento, sus competencias siguen vigentes y se sigue garantizando la inmunidad parlamentaria. El Poder Judicial viene actuando, dentro de las responsabilidades que le asigna la Constitución, para asegurar el funcionamiento del Estado, ante una Asamblea Nacional que
permanece en desacato judicial, con una mayoría opositora que insiste en torpedear la labor de Gobierno para solucionar las dificultades económicas actuales, promover golpes de Estado parlamentarios, así como en llamar a una intervención internacional.

Denominar presos políticos a personas juzgadas y halladas responsables de graves delitos, incluyendo la promoción de violencia terrorista, que ha enlutado a los venezolanos, dejando decenas de muertos y centenares de heridos, es un irresponsable cinismo. Las víctimas de terrorismo merecen justicia y garantías de no repetición en cualquier país del mundo.

Es inaceptable la grosera manipulación que convierte a los victimarios en víctimas, que instrumentaliza incluso las lamentables muertes que se han producido en los últimos días de acciones de calle violentas de la oposición venezolana (incluidas la quema de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia o ataques a un hospital Materno Infantil). Se propagan mentiras, aún en los casos mayoritarios en los que se ha comprobado que los responsables de fallecimientos están vinculados con la oposición, para intentar sembrar la idea de una represión
que no existe o estigmatizar como violento al pueblo chavista.

El Estado venezolano garantiza plenamente todas las manifestaciones pacíficas que se realizan cotidianamente en el país. Pero también debe contener a los sectores que intentan promover la violencia, en cuyo caso los cuerpos de seguridad del Estado actúan siempre bajo la orientación de preservar los derechos humanos, hay que decir, soportando todo tipo de provocaciones. En los pocos casos que se han detectado acciones irregulares, los presuntos responsables han sido
puestos a disposición de la justicia, inmediatamente. No se puede dejar de referir el último desmentido de la Corte Penal Internacional (19/4/2017), negando lo dicho por el “presidente” de la Asamblea Nacional, Julio Borges, respecto a supuestas denuncias de tortura.

Hacemos un llamado a la responsabilidad de los actores políticos en España, para que cese el respaldo directo o indirecto a quienes promueven la violencia en Venezuela y se colabore de forma coherente con el diálogo, al que insistentemente ha convocado el gobierno venezolano.

Madrid. 26/4/2017

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